En Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) presentó el informe “Nuevos autoritarismos, derecho de asociación y organizaciones sociales en Centroamérica”, en el que analiza los elementos más relevantes de la tendencia autoritaria en la región y cómo esto atenta contra los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libre asociación.
De acuerdo con el análisis, actualmente en Centroamérica, todos los países excepto Costa Rica cuentan actualmente con leyes que ya están aprobadas o proyectos de ley, que limitan las operaciones de las organizaciones de la sociedad civil de distintas formas.
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“Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala cuentan con legislaciones que atentan contra el libre funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Estas leyes comparten similitudes, especialmente en las categorías de: registro y re-registro, monitoreo y vigilancia, financiamiento, lenguaje ambiguo y la criminalización de las organizaciones y sus integrantes”, explica CETCAM.
Agrega que “ningún Gobierno democrático puede tener como objetivo ejercer control sobre las operaciones y el financiamiento de organizaciones de la sociedad civil, pues estas surgen naturalmente y responden a las necesidades de la población que no son cumplidas por los gobiernos porque: 1) no son capaces o 2) son temas de rendición de cuentas o 3) no les competen, y ninguna corte independiente puede aprobar una ley que atente contra los derechos humanos, a como lo hacen estas legislaciones contra las OSC”.
Estado de excepción como política
El estudio señala que en Centroamérica hay una nueva tendencia que llama la atención y, que representa serios desafíos para la estabilidad democrática, las organizaciones civiles y los derechos de asociación y libertad de expresión entre otros, y es la declaración de los estados de excepción.
CETCAM en el estudio señala que “el estado de excepción como mecanismo permanente de política de Estado no es compatible con la democracia, pues implica la suspensión de aquellos derechos que se han considerado indispensables, como el derecho de asociación, expresión, y de libre circulación”.
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Este informe también ha destacado las violaciones al derecho de asociación que se han registrado en los países de la región centroamericana. “Nicaragua ha sido uno de los más afectados, con un elevado número de clausuras de organizaciones de la sociedad civil y la ilegalización de las protestas, lo que ha llevado al país a operar en un estado de excepción de facto”, se detalla.
Uno de los hallazgos del estudio es que los gobiernos centroamericanos han instrumentalización el aparato judicial para la adopción de leyes restrictivas que amenazan el derecho de asociación y el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, por eso considera necesario sean respetuosos de los derechos humanos.
“Es importante que los gobiernos respeten y protejan este derecho fundamental para garantizar una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos”, concluye.